Ley de desamortización de Pascual Madoz de 1855

(1 de mayo de 1855. Gaceta de Madrid, 3 mayo 1855)

Ministerio de Hacienda.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de las Españas: a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes constituyentes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.- Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes:

• 1. Al Estado.
• 2. Al clero.
• 3. A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén.
• 4. A cofradías, obras pías y santuarios.
• 5. Al secuestro del ex-Infante D. Carlos.
• 6. A los propios y comunes de los pueblos.
• 7. A la beneficencia.
• 8. A la instrucción pública.
• 9. Y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores.

Artículo 2.- Exceptúanse de lo dispuesto en el Artículo anterior:

• 1. Los edificios y fincas destinados, o que el Gobierno destinare al servicio público.
• 2. Los edificios que ocupan hoy los establecimientos de beneficencia e instrucción.
• 3. El palacio o morada de cada uno de los MM. RR. Arzobispos y RR. Obispos; y las rectorías o casas destinadas para habitación de los curas párrocos, con los huertos o jardines, a ellas anejos.
• 4. Las huertas y jardines pertenecientes al instituto de las Escuelas pías.
• 5. Los bienes de capellanías eclesiásticas destinadas a la instrucción pública, durante la vida de sus actuales poseedores.
• 6. Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno.
• 7. Las minas de Almadén.
• 8. Las salinas.
• 9. Los terrenos que son hoy aprovechamiento común, previa declaración de serlo, hecha por el Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y Diputación provincial respectivos.
• Cuando el Gobierno no se conformare con el parecer en que estuvieren de acuerdo el Ayuntamiento y la Diputación provincial, oirá previamente al Tribunal Contencioso-Administrativo, o al cuerpo que hiciere sus veces, antes de dictar su resolución.
• 10. Y por último, cualquier edificio o finca cuya venta no crea oportuna el Gobierno por razones graves.

Artículo 3.- Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender por esta ley, sacando a pública licitación las fincas o sus suertes a medida que lo reclamen los compradores, y no habiendo reclamación, según lo disponga el Gobierno; verificándose las ventas con la mayor división posible de las fincas, siempre que no perjudique a su valor.

Artículo 4.- Cuando el valor en tasación de la finca o suerte que se venda no exceda del 10.000 rs. vn., su licitación tendrá lugar en dos subastas simultáneas, a saber:

Una en la cabeza del partido judicial donde la finca radique.

Y otra en la capital de su respectiva provincia.

Artículo 5.- Cuando el valor en tasación de finca o suerte que se venda exceda de 10.000 rs. vn., además de las dos subastas que previene el Artículo anterior, tendrá lugar otra tercera, también simultánea con aquéllas, en la capital de la Monarquía.

Artículo 6.- Los compradores de las fincas o suertes quedan obligados al pago en metálico de la suma en que se les adjudiquen en la forma siguiente:

• 1. Al contado, el 10 por 100.
• 2. En cada uno de los dos años primeros años siguientes, el 8 por 100.
• 3. En cada uno de los dos años subsiguientes, el 7 por 100.
• 4. Y en cada uno de los diez años inmediatos, el 6 por 100.

De forma que el pago se complete en 15 plazos y 14 años.

Los compradores podrán anticipar el pago de uno o más plazos, en cuyo caso se les abonará el interés máximo de 5 por 100 al año, correspondiente a cada anticipo.

Artículo 7.- Para redimir los censos declarados en venta por la presente ley, se concede a los censatarios el plazo de seis meses, a contar desde su publicación, bajo las bases siguientes:

• 1. Los censos cuyos réditos no excedan de 60 rs. anuos se redimirán al contado, capitalizándolos al 10 por 100.
• 2. Los censos cuyos réditos excedan de 60 rs. anuos se redimirán al contado, capitalizándolos al 8 por 100, y en el término de nueve años y 10 plazos iguales, capitalizados al 5.
• 3. Los censos cuyos réditos se pagan en especie se regularán por el precio medio que haya tenido la misma especie en el mercado durante el último decenio.
• 4. Los censos, foros, treudos, prestaciones y tributos de cualquier género, cuyo canon o interés exceda del 5 por 100, se redimirán en la forma prescrita al tipo reconocido en la imposición o fundación, y sino estuviese reconocido, al consignado en las bases primera y segunda.

Artículo 8.- Concluido el término señalado para la redención, se procederá a la venta de los censos en pública subasta bajo los mismos tipos y condiciones establecidas en el Artículo anterior.

Artículo 9.- El Gobierno asegurará a cada establecimiento de beneficencia las rentas que disfruta en la actualidad, compensando la pérdida que pueda sufrir en la reducción o venta de los censos con el aumento que se obtenga en la de los bienes inmuebles.

Cuando no posea el establecimiento de beneficencia bienes inmuebles, o no se obtengan aumentos en la enajenación de éstos, el Gobierno cubrirá el déficit con los fondos del Tesoro público.

Artículo 10.- El pago del laudemio en los enfiteusis será a cargo de los compradores.

Artículo 11.- Se perdonan los atrasos que adeuden los censatarios, ya procedan de que no se hayan reclamado en los últimos cinco años, ya de ser los censos desconocidos o dudosos, o ya de cualquiera otra causa, con tal de que se confiesen deudores de los capitales o sus réditos.

Artículo 12.- Los fondos que se recauden a consecuencia de las ventas realizadas en virtud de la presente ley, exceptuando el 80 por 100 procedente de los bienes de propios, beneficiencia e instrucción pública, se destinan a los objetos siguientes:

• 1. A que el Gobierno cubra por medio de una operación de crédito el déficit del presupuesto del Estado, si lo hubiere en el año corriente.
• 2. El 50 por 100 de lo restante, y el total ingreso en los años sucesivos, a la amortización de la Deuda pública consolidada sin preferencia alguna, y a la amortización mensual de la Deuda amortizable de primera y segunda clase, con arreglo a la ley de 1 de agosto de 1851.
• 3. El 50 por 100 restante a obras públicas de interés y utilidad general, sin que pueda dársele otro destino bajo ningún concepto, exceptuándose 30 millones de reales que se adjudican para el pago de las consignaciones que hasta la fecha tenga hechas el Gobierno de S. M. con destino a la reedificación y reparación de las iglesias de España.

Artículo 13.- El 50 por 100 del producto de las ventas de los bienes comprendidos en el Artículo anterior, destinado a la amortización de la Deuda pública, se depositará en las respectivas Tesorerías en arca de tres llaves, bajo la inmediata responsabilidad de los claveros, y a disposición exclusivamente de la Junta directiva de la Deuda pública.

Artículo 14.- La Junta directiva de la Deuda pública dispondrá que mensualmente ingresen en su propia Tesorería los fondos de que trata el Artículo anterior, y no consentirá que en ningún caso, ni bajo pretexto alguno, sea la que fuere la Autoridad que lo intente, se distraigan los mismos fondos del sagrado objeto a que exclusivamente están destinados.

Artículo 15.- El Gobierno invertirá el 80 por 100 del producto de la venta de los bienes de propios a medida que se realicen, y siempre que no se les dé otro destino, con arreglo al Artículo 19, en comprar títulos de la Deuda consolidada al 3 por 100, que se convertirán inmediatamente en inscripciones intransferibles de la misma a favor de los respectivos pueblos.

Artículo 16.- Los cupones de las inscripciones intransferibles serán admitidos a los pueblos, como metálico, en pago de contribuciones a la fecha de sus respectivos vencimientos.

Artículo 17.- Para que no queden en descubierto las obligaciones a que hoy atienden los pueblos con los productos de sus propios, el Estado les asegura, desde el momento en que se realice la venta de cada finca o suerte, la misma renta líquida que por ella perciben en la actualidad.

Artículo 18.- Luego que el Estado haya percibido, por cuenta del 80 por 100 de los bienes de propios de cada pueblo, una suma equivalente a los adelantos que en renta y capital hubiere hecho, y previa la correspondiente liquidación, se invertirá el saldo, si lo hubiere, en nuevas inscripciones intransferibles a favor de los pueblos respectivos.

Artículo 19.- Cuando los pueblos quieran emplear, con arreglo a las leyes, y en obras públicas de utilidad local o provincial, o en Bancos agrícolas o territoriales, o en objetos análogos, el 80 por 100 del capital procedente de la venta de sus propios, o una parte de la misma suma, se pondrá a su disposición la que reclamen, previos los trámites siguientes:

• 1. Que lo solicite fundadamente el Ayuntamiento.
• 2. Que lo acuerde, previo expediente, la Diputación Provincial.
• 3. Que recaiga la aprobación motivada del Gobierno.

Artículo 20.- El producto íntegro de la venta de los bienes de beneficencia y de instrucción pública, si las corporaciones competentes no hubieren solicitado y obtenido otra inversión, se destinará a comprar títulos de la Deuda consolidada al 3 por 100 para convertirlos en inscripciones intransferibles a favor de los referidos establecimientos, a los cuales se asegura desde luego la renta líquida que hoy les produzcan sus fincas.

Los cupones serán admitidos a su vencimiento, como metálico, en pago de contribuciones.

Artículo 21.- Realizado que sea el total importe de la venta de los bienes de beneficencia y de instrucción pública, se verificará una liquidación, cuyo saldo, después de reintegrarse el Erario de lo que como renta hubiere anticipado, se invertirá también en la compra de títulos del 3 por 100, que han de convertirse en inscripciones intransferibles a favor de los respectivos establecimientos.

Artículo 22.- A medida que se enajenen los bienes del clero, se emitirán a su favor inscripciones intransferibles de la Deuda consolidada al 3 por 100 por un capital equivalente al producto de las ventas, en razón del precio que obtengan en el mercado los títulos de aquella clase de Deuda el día de las respectivas entregas.

Artículo 23.- La renta de las inscripciones intransferibles de que trata el artículo anterior se destina a cubrir el presupuesto del culto y clero que la ley señale.

Artículo 24.- Se declaran exentas del derecho de hipotecas las ventas y reventas de los bienes enajenados en virtud de la presente ley durante los cinco años siguientes al día de su adjudicación.

Artículo 25.- No podrán en lo sucesivo poseer predios rústicos ni urbanos, censos ni foros las manos muertas enumeradas en el Artículo 4 de la presente ley, salvo en los casos de excepción explícita y terminantemente consignados en su Artículo 2.

Artículo 26.- Los bienes donados y legados, o que se donen y leguen en lo sucesivo a manos muertas, y que éstas pudieren aceptar, con arreglo a las leyes, serán puestos en venta o redención, según dispone la presente, tan luego como sean declarados propios de cualquiera de las corporaciones comprendidas en el Artículo 1.

Artículo 27.- El producto de la venta de los bienes de que trata el Artículo anterior se invertirá según su procedencia y en la forma prescrita.

Artículo 28.- Un año después de publicada esta ley caducarán los arrendamientos pendientes, sin perjuicio de las indemnizaciones a que puedan tener derecho las partes contratantes.

Artículo 29.- Se declaran derogadas, sin fuerza y valor, todas las leyes, decretos, Reales órdenes anteriores sobre amortización o desamortización que en cualquiera forma contradigan el tenor de la presente ley.

Artículo 30.- Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, oído el Tribunal Contencioso-Administrativo, y con acuerdo del Consejo de Ministros, fije las reglas de tasación y capitalización, y disponga los reglamentos y demás que sea conducente a la investigación de los bienes vendibles, y a facilitar la ejecución y cumplimiento de la presente ley.

Por tanto mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Aranjuez, a 1 de mayo de 1855.

Yo, LA REINA.- El Ministro de Hacienda, Pascual Madoz.

Ley de desamortización de Pascual Madoz de 1855